Cambios reales, no meramente constitucionales

Washington, DC— Los ecuatorianos demostraron en las urnas que quieren cambios radicales. Sin embargo, reemplazar la constitución no es tan radical ni revolucionario.

Cambiar constituciones en Ecuador no es algo inusual ya que la próxima sería la constitución número 21. Tampoco es algo nuevo en Latinoamérica donde el número promedio de constituciones es de 20 por país.1 El abogado y escritor peruano, Enrique Ghersi, afirma que las constituciones de los países latinoamericanos nunca han reflejado a la sociedad sino solamente a los gobernantes de turno. En Latinoamérica, añade él, “las constituciones no son un límite al poder, sino su reflejo”.2

Entre 1830 y 2006 y luego de 20 constituciones, en Ecuador solamente 18 de 84 gobernantes han concluido “normalmente” su periodo constitucional de cuatro años (esto incluye a presidentes constitucionales y juntas o dictaduras militares).3 Cuando se cambian los gobernantes y las reglas del juego a diestra y siniestra, ningún gobernador logra avanzar su agenda política—sea mala o buena. Para lo que sí ha servido cada constitución nueva es para fijar (temporalmente) los privilegios de determinados grupos de presión política que dicen representar al pueblo.

Ecuador ya no está para experimentos radicales. En Venezuela la asamblea constituyente resultó en una constitución verdaderamente bolivariana, esto es, en una constitución como las que le gustaban a Bolívar—a la medida del gobernante.4 En Bolivia la constituyente ha resultado en que la hostilidad entre las regiones se inflame hasta tal punto que los gobernadores de 6 de sus 9 departamentos han roto relaciones con el gobierno y amenazan con no reconocer el producto de la constituyente.5

¿Qué nos hace pensar que la constitución número 21 de Ecuador si será la ideal? Y aún si es la ideal, ¿qué nos hace pensar que los grupos en el poder ahora si la respetarán? No pretendo juzgar el carácter moral del presidente electo ni el de los potenciales asambleístas. Pero si pienso que seríamos muy ingenuos si creemos que una nueva constitución es lo que cambiará el comportamiento de nuestra clase política.

Si queremos cambios reales y no meramente constitucionales deberíamos apuntar a cambiar los incentivos a los que están expuestos los ciudadanos, los burócratas y sobre todo, nuestros líderes políticos. Gustavo Coronel, anterior representante de Transparencia Internacional en Venezuela y autor de un reciente estudio del Cato Institute que expone la corrupción sin precedentes en la Venezuela de Chávez, establece que la corrupción explota cuando hay oportunidades, motivos e impunidad para el comportamiento corrupto. Coronel señala que la Asamblea Constituyente de Venezuela fue “un golpe de estado progresivo que terminó con todas las instituciones políticas venezolanas bajo el control del gobierno y eliminó todos los equilibrios y contrapesos efectivos”.6

Los peligros de una asamblea constituyente problemática son grandes como lo demuestran Venezuela y Bolivia. Las potenciales ganancias de una asamblea constituyente no son grandes como lo demuestran las anteriores 20 constituciones ecuatorianas. No arriesguemos mucho por poco; mejor consideremos otras opciones.

Hernán Pérez Loose indicó en este El Universo (Ecuador) hace dos semanas que las propuestas de Alianza PAIS, el partido del Presidente Electo, son prácticamente idénticas a las del proyecto de reformas constitucionales que Gustavo Noboa presentó anteriormente al Congreso.7 Aunque este paquete de reformas no es ideal, por lo menos es menos riesgoso y más ágil que una constituyente. El Congreso pudiera aprobar rápidamente este paquete de enmiendas y luego podría someterlo a un plebiscito en el que los ecuatorianos decidamos si queremos o no esos cambios.

El presidente electo ganó prometiéndoles a los ecuatorianos cambios radicales en la política del país. El podría lograr verdaderos cambios reduciendo las trabas a los negocios, flexibilizando el mercado laboral, y haciendo cada vez más pequeño el “botín político”. Después de todo, la gente responde a incentivos, no a lo que un papel diga.

Fuentes:
1. Chang Wong, Fabián; Romero Alemán, Pedro. “Hacia una política fiscal sostenible: Un análisis a las instituciones presupuestarias en el Ecuador 1830-2002”. Instituto de Ciencias Humanísticas y Económicas (ICHE) de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL). 16 de mayo de 2003. Guayaquil, Ecuador. Disponible en: http://www.cib.espol.edu.ec/bivir/tesis.asp?tco=2B425C5E5759584F4F4F4F4F4F
2. Ghersi, Enrique. “¿Es posible el cambio político deliberado?”. Cato Institute. 1 de septiembre de 2005. Washington, DC. Disponible en: http://www.elcato.org/node/1235
3. Chang y Romero 2003 (citado arriba).
4. Coronel, Gustavo. “Corrupción, administración deficiente y abuso de poder en la Venezuela de Hugo Chávez”. Cato Institute. 27 de noviembre de 2006. Disponible en: http://www.elcato.org/node/2080
5. Gobernadores de seis departamentos de Bolivia rompen relaciones con Evo Morales. Clarín. 19 de noviembre de 2006. Disponible en: http://www.clarin.com/diario/2006/11/19/um/m-01312577.htm
6. Coronel, Gustavo. “Corrupción, administración deficiente y abuso de poder en la Venezuela de Hugo Chávez”. Cato Institute. 27 de noviembre de 2006. Disponible en: http://www.elcato.org/node/2080
7. Pérez Loose, Hernán. “El reto de Correa”. El Universo. 28 de noviembre de 2006. Disponible en: http://www.eluniverso.com/2006/11/28/0001/21/10D67816D681452BBF6DDB4AE61B9C8F.aspx