Gobierno con complejo de banquero

Washington, DC— El Presidente ha presentado ante el Congreso una ley que propone una peligrosa concentración de poder en la Junta Bancaria —la cual, por la forma en que se conformaría, obedecerá a la voluntad del Presidente de turno. Se trata de un reciclaje de la ley propuesta por León Febres-Cordero en 2005.

De acuerdo a la ley propuesta, la Junta Bancaria tendría el poder de:

- Fijar la tasa de interés máxima permitida (función que actualmente le corresponde al Banco Central —BCE, y aún así no ha logrado bajar la tasa de interés y que sencillamente nunca ha funcionado en lugar alguno, igual que cualquier otro control de precios)
- Fijar el encaje bancario para cada clase de obligaciones que tengan las instituciones financieras (se trata de una herramienta de expansión monetaria que innecesariamente conserva el BCE, y que ahora permitirá que el gobierno disponga de esos recursos)
- Establecer los porcentajes de la cartera de crédito que deberá estar destinada a los sectores que la Junta (léase: el gobierno de turno) considere productivos (en otras palabras, el gobierno decidirá en qué se invierte el dinero del depositante)

El gobierno argumenta que esta Ley es necesaria para obtener tasas de intereses más bajas y una disponibilidad de crédito que no solo sea mayor, sino también distribuida de forma más equitativa. Aunque esos objetivos pueden ser loables, es probable que esa Ley resulte en lo contrario de lo que se propone.

El Estado no es banquero, y cuando juega a serlo, la sociedad paga los platos rotos. Es sencillo: al decretarse una tasa de interés artificialmente baja se reduce el incentivo de ahorrar, se alienta el consumo, y a los banqueros se les reduce la capacidad de conceder créditos. Al haber menos fondos para préstamos, la tasa de interés subirá —la verdadera, no la decretada— y al no ser reflejado esto en la tasa oficial, se creará un mercado negro de créditos (lo cual ya existe en nuestro país).

Esta ley fundamentalmente atenta contra los derechos de propiedad de cada depositante. Usted ya no decidirá en qué se invierte su dinero, tampoco su banco, sino que el gobierno, que no es el propietario de ese dinero, lo hará por usted. Darle el poder a una Junta Bancaria politizada de determinar el encaje bancario equivale a darle un cheque en blanco al gobierno para que se endeude ilimitadamente, lo que suele derivar en una crisis financiera.

Una banca excesivamente reprimida por el gobierno no es nada nuevo en Ecuador. Las dictaduras militares y gobiernos 'democráticos' han intervenido en los bancos muchas veces; desde la creación del BCE en 1927, hasta el feriado bancario de 1999 , y en menor grado hoy. La inversión no se crea por medio de una ley; depende de la confianza del público y la transparencia del sistema bancario.

El BCE, con poderes más limitados que los que se le quieren conceder a una Junta Bancaria controlada por el Presidente de turno, es evidente que nunca supo manejar responsablemente los recursos de los ecuatorianos. Como dijo Pedro Romero del Instituto Ecuatoriano de Economía Política acerca del BCE: “Ahora nos quieren hacer creer que bajo el manejo ‘superinteligente’ de [otros] funcionarios las cosas serán diferentes, después de conocer parte de [la] historia [del BCE] eso resulta inverosímil”.

Una crítica no sería justa sino presentase una alternativa. Les quedo debiendo mi sugerencia hasta el jueves.

Este artículo fue originalmente publicado en El Universo (Ecuador) el 12 de junio de 2007.

Referencias

1. Oficio No. T. 646 5G0 07 1100. Carta del Presidente Rafael Correa al Presidente del Congreso, Jorge Cevallos. 18 de mayo de 2007.
2. Ibid., Carta del Presidente Rafael Correa.
3. Romero, Pedro. “Banco Central del Ecuador: La historia que aún no aprendemos”. Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Febrero del 2002. Disponible en: http://www.ieep.org.ec/PDFs/Historia%20BANCO%20CENTRAL.pdf.
4. Ibid., Romero, Pedro.